BOLETIN 289 // 18 DE AGOSTO DE 2009
MOVIMIENTO POR LA RECUPERACIÓN DE LA ENERGÍA NACIONAL ORIENTADORA
Boletín No. 289 - 18 de agosto de 2009
INDICE
TARIFAS Y MODELO
por Gustavo Calleja
“Para el MORENO el tarifazo es una consecuencia más del “Modelo de Mercado” impuesto en la década de los 90´, hoy vigente. Hemos señalado en nuestros documentos la necesidad imperiosa de retornar al modelo estatal, racional, centralizado, basado en las grandes empresas nacionales y con la imprescindible captura de las riquezas generadas”.
TARIFAS: NI JUSTAS NI RAZONABLES
por Hugo Palamidessi
“Si tenemos que discutir una adecuación de las tarifas –y tendrá que ser con la participación activade los ciudadanos– la razón indica que para hacerlo responsablemente debemos conocer las cifras reales de los costos de producción de las empresas prestadoras, y de sus beneficios, y la
justicia indica que las tarifas deben resultar accesibles a los usuarios pobres, o que sean ellos los
que resulten debidamente subsidiados a través de una ‘tarifa social’.”
SIETE PETROLERAS ENTRE LAS 10 PRIMERAS EMPRESAS GLOBALES
por Alfredo Jalife-Rahme*
La revista Fortune clasifica las 500 empresas de mayores ingresos en 2008. “Deslumbra el posic
ionamiento de siete petroleras que se ubican entre las 10 primeras empresas globales, amén de que entre las cinco principales cuatro sean también petroleras, lo cual denota la relevancia geoestratégica de los hidrocarburos en la coyuntura presente del fin de la unipolaridad anglosajona y del inicio del incipiente nuevo orden mundial multipolar... Impresiona la mediocridad de la española Repsol YPF (a punto de vender su filial argentina a China), en el lugar 76, pese a todas las gratificaciones que recibió de la dupla panista de Fox y Calderón”.
La información y los contenidos de las notas son responsabilidad de los autores
INFOMORENO
Editor Responsable: Fernando "Pino" Solanas
Director: Hugo Palamidessi
Consejo de Redacción: Fernando Solanas, Félix Herrero, Gustavo Calleja, José Rigane
Colaboradores permanentes: Ernesto Gaspar, Héctor Gómez, Isaac Gurovich, Natalio Kuschnir, Diego Mansilla, Gabriel Martínez,
Elido Veschi.
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TARIFAS Y MODELO
por Gustavo Calleja*
La movilización popular obligó al PEN a postergar la vigencia del descabellado incremento tarifario en los servicios públicos esenciales derivados del sector energético. Es de destacar la acción de FETERA, DEUCO y otras entidades de usuarios que participan del Movimiento contra el Tarifazo. No pudieron con ellos los argumentos expuestos por los funcionarios actuantes, los mercenarios consultores funcionales a las empresas y los nuevos borocotizados”como ADECUA, que no alcanzaron a justificar ni siquiera en parte, la racionalidad y la necesidad de los aumentos.
Para nosotros el tarifazo es una consecuencia más del “Modelo de Mercado” impuesto en la década de los 90´, hoy vigente. Hemos señalado en nuestros documentos la necesidad imperiosa de retornar al modelo estatal, racional, centralizado, basado en las grandes empresas nacionales y con la imprescindible captura de las riquezas generadas. Desde 1907 hasta 1989 la energía fue una cuestión de Estado y la política de Estado consistió en considerar a los hidrocarburos como bienes estratégicos vinculados a la soberanía nacional y a los servicios públicos esenciales, dentro de un contexto que permitiera a todos los habitantes el acceso y la permanencia a los mismos, como también el desarrollo de nuestra industria.
Desde 1990, sintéticamente, se ´regalaron´ los activos, la implementación básica se fundó en el reparto” de negocios a los empresarios amigos, se otorgó libertad de precios o regímenes tarifarios que otorgaban altísimas utilidades, se las eximió de invertir y prácticamente, los controles no existieron. Los argentinos, viviendo un país autoabastecido, debimos pagar los precios internacionales de los combustibles, al igual que aquellos que son netamente importadores, y aceptar tarifas determinadas en base a modelos teóricos alejados de nuestros ingresos o nivel socioeconómico, que se regulaban en función de índices de EEUU, por esa época muy superiores a los similares internos; porcentuales de utilidades del 50 % sobre ventas netas, como los mostrados por las transportadores de gas natural, son desconocidos en el mundo. Ello dentro de un contexto donde no existieron limitaciones a los movimientos financieros, derivados de la toma de préstamos externos y su consecuente inversión financiera local y posterior remesa al exterior, actividad ajena a la que les era permitida contractualmente, la cual está ceñida a la prestación del servicio que les ha sido concesionado.
Hoy estamos padeciendo una grave crisis de desinversión, pues “El Mercado” decidió no correr riesgo y maximizar sus utilidades. Consecuentemente, día a día aparecen las consecuencias: no
hay gasoil porque no alcanzan ni la declinante producción de petróleo, ni la producción de las refinerías locales, que son las misma de 1988; no hay generación y se recurre a los cortes no manifiestos, no alcanza el gas para satisfacer los requerimientos del mercado interno, del cual están excluidos.-al igual que en 1989- el 40 % de los compatriotas y, consecuentemente, la pérdida del autoabastecimiento integral logrado en 1985, va dando lugar a importaciones a valores generalmente más altos que los internos, finalmente trasladados a éstos, ya sea en forma directa o indirecta. Argentina, alejándose del autoabastecimiento, está perdiendo el manejo de una herramienta fundamental a su progreso económico; todo lo contrario a lo que sucede en Brasil, que aplica el sistema estatal centralizado que nosotros abandonáramos en 1990.
Las privatizaciones y la desregulación implicaron la adopción de un modelo –conjunto de normas e instituciones actuantes- de mercado donde no existieron empresas perdidosas (el pueblo fue el único perdedor), pero hubo ganadores de distinto nivel. En los dos procesos, el “padre” fue el Banco Mundial. En el caso de los sectores; el eléctrico y gasífero, la destrucción de la integración vertical y la consiguiente separación entre producción –actividad que no fue considerada servicio público, sino de interés público, que en la jerga privatista se denomina no regulada-, transporte y distribución, que sí fueron consideradas servicios públicos o reguladas, generó costos innecesarios originados, especialmente, en la descoordinación operativa –es emblemático el caso de la ruptura de la red de gasoductos troncales- y en la creación de gastos fijos repetitivos y por ende, sobrantes, como es el caso de las retribuciones de los presidentes, directores y planteles gerenciales.
En el caso del gas es bueno recordar a dos países cuyas empresas gasíferas estatales competían con nuestra Gas del Estado, en cuando a prestigio, y que están integradas verticalmente; en Francia, que no privatizó, Gaz de France sigue siendo estatal e integrada, pero en el Reino Unido,
que sí la privatizó, Margaret Thacher no la ´descuartizó´, y la empresa sigue siendo una unidad societaria y operativa. En el sector eléctrico, quienes como nosotros siguieron el modelo del Bco. Mundial, padecieron serias crisis del modelo ante la libertad de precios de los generadores, como en California y en la costa este de EEUU y Canadá, donde el ingreso per cápita de sus habitantes en varias veces superior al de los argentinos.
Consecuente, las concesionarias de producción de la Ley de Hidrocarburos, YPF (Repsol YPF), Pan American Energy (Bridas y British Petroleum), Total, Tecpetrol, Vintage Oil, Petrobrás, Chevron y Sipetrol en conjunto, superan el 90 % de la producción de gas y petróleo, y siguen fijando libremente sus precios, o reclamando compensaciones cuando no lo pueden hacer. Recordemos que en 1993 se dictó la Ley de Convertibilidad que, sin dejar de lado que el peso era la moneda nacional de curso legal, estableció el patrón-dólar al fijar la paridad unitaria en un dólar por peso, condicionó la emisión a la existencia de reservas, liberó los movimientos de capital y prohibió cualquier tipo de indexación de precios o valores. En este caso, interesa señalar que nadie pudo indexar un precio (alquileres o salarios o deudas, por ejemplo) pero sí los petroleros que, con la recurrente anuencia gubernamental, siguieron aplicando el precio internacional. La sobreexplotación de los yacimientos, las exportaciones inconstitucionales e ilegales y la carencia de inversiones en exploración, son una parte determinante de la actual crisis del sector.
Por su parte los generadores eléctricos, en gran parte vinculados a las sociedades petroleras, consiguieron la sanción, vía decreto, del funcionamiento del Mercado Mayorista Eléctrico (MEM) donde la última unidad ofertada, es decir, la más cara, levanta el precio de las más baratas a ese nivel; esas sobreutilidades debían ser destinadas a inversiones, cosa que no sucedió, por lo que hoy carecemos de la generación necesaria y no existen planes privados para subsanar tal situación, que se ha hecho más crítica año tras año.
La crisis del 2001 motivó la sanción de la actual Ley de Emergencia Pública nº 25.561 que dispuso el abandono de la convertibilidad o patrón dólar, la pesificación de todos los precios y tarifas de las privatizadas y el análisis de cada uno de las mismas y la prohibición de indexar (mantuvo, incluso, la vigencias de la Ley de Convertibilidad en este aspecto).
Recién asumida la presidencia por Carlos Kirchner, el MORENO concurrió a la Secretaría de Energía y solicitó la reestructuración integral del sector energético, una investigación especial sobre los concesionarios de producción de la Ley de Hidrocarburos, los generadores eléctricos y la privatización del YPF, la aplicación estricta de la Ley sobre las irregularidades cometidas, una inmediata auditoría de reservas y la supresión de las exportaciones. Nada de lo peticionado fue concedido y, explícitamente -en una particular interpretación alejada del texto legal-, se nos hizo saber que estaban excluidas de cualquier revisión las actividades no reguladas; es decir, las concesionarias petrogasíferas y las generadoras eléctricas que, lógicamente, siguieron utilizando el precio internacional y el valor resultante del MEM.
Desde esos momentos, las únicas tarifas que se mantuvieron congeladas son las domésticas; tanto en el gas como en la electricidad, y ellas rerpresentan un 25 al 30 % del total consumido anualmente. Las restante sufrieron distintos aumentos, no menores por cierto. En el caso eléctrico, la insuficiencia de gas natural, fueloil y gasoil hizo necesario recurrir a las importaciones, donde las diferencias con los valores locales fue cubierta por el Estado vía Cammesa o Enarsa. Es decir, las ganancias de las generadoras –un negocio privado especialmente protegido por el Gobierno, que lo eximió de la pesificación, el congelamiento y la revisión dispuesta por la Ley de Emergencia Pública– fueron cubiertas mediante subsidios que pagamos todos. Ahora bien, salvo las dos plantas térmicas aun no finalizadas –la San Martín y la Belgrano –las inversiones de estos privilegiados han sido nulas y, en virtud de esta circunstancia, el PEN puso en vigencia el Plan Energía Plus, mediante el cual los grandes consumidores deben arreglarse por su cuenta, bajo la promesa de poder vender libremente sus excedentes en el mercado local. En otras palabras, la ´protección´ de los generadores, genera la producción por el método más antieconómico que se conoce: la autogeneración. La previsible crisis económica, al afectar a los ingresos fiscales, obligó al Tesoro a reemplazar al aporte estatal por los aumentos tarifarios cargados a los usuarios domésticos.
Debemos tener presente que a la menor reactivación de la actividad económica o ante situaciones climáticas de temperaturas extremas, el agravamiento será inevitable, pues no existen previsiones que lo eviten:el Estado no está en condiciones de invertir mientras siga protegiendo al sector hiperrentable de la generación, no lo reestructure en forma integral y no recupere la renta petrolera.
El contexto gasífero ha recibido el aumento dividido entre un cargo tributario y el incremento de tarifas propiamente dicho, fijando como parámetro consumos anuales que alcanzan al 70 u 80 % del total de usuarios domésticos; al mismo tiempo, los aumentos a las industrias han sido mínimos. El primer cargo, creado mediante un decreto del PEN, resulta manifiestamente inconstitucional, ya sea porque en nuestra República los impuestos solamente los crea la Cámara de Diputados, que representa a los ciudadanos y no a los Estados, o porque si se invoca para dictarlo una ley que crea un cargo para destinarlo a obras, no se puede mediante un decreto reglamentario cambiar el destino y dedicarlo a financiar importaciones de gas natural. Pensar que la capacidad adquisitiva está medida por el consumo de gas, en un contexto donde el ´parate´ en las incorporaciones de usuarios a la red de gas natural es manifiesto desde hace varios años, es, cuando menos, equivocado.
La Ley 24.076 del Marco Regulatorio del Gas obliga a realizar audiencias públicas en forma previa a los incrementos de tarifas. Si bien no son vinculantes, esas asambleas obligan a todos los
intervinientes a presentar sus pretensiones y, lógicamente, los productores deberán presentar sus costos; de acuerdo a lo sucedido en varias audiencias, invocar el criterio del precio internacional no resulta aceptable para los usuarios ni justificables para las productoras. Así como un carnicero compra la media res y distribuye su costo entre todos los cortes, asignándole más al lomo y menos al azotillo, deben los petroleros someterse a una auditoría integral de costos internos ciertos, donde expliciten cuales son los criterios que aplican para distribuir aquellos denominados indirectos entre la totalidad de sus productos, a saber: naftas, gasoil, fuel oil, GLP, gas natural, etc…Solamente si auditamos la integración vertical de los costos calculados en la forma señalada, podremos aceptar que sean necesarios aumentos de tarifas. También encontraremos explicación al hecho de que las transportistas y distribuidoras sigan mostrando balances con utilidades, después de varios años de congelamiento de sus ingresos. La Ley de Hidrocarburos brinda a la Secretaría de Energía todas las potestades necesarias para revisar las contabilidades de los concesionarios.
Cuando se habla de gas, surgen dudas que deberían ser aclaradas por el PEN: ¿cómo es que para importar solamente el 10 % de los 120 millones de m3 que se consumen diariamente, resulta necesario ‘inventar’ un cargo de tal magnitud? ¿Al haberse aumentado mínimamente las tarifas industriales, qué relación tiene el volumen importado de GNL con los insumos que requiere el Polo Petroquímico de Bahía Blanca? Si el Marco Regulatorio del Gas determina que una categoría de usuarios no puede subsidiar a otras, ¿en este caso no existe un subsidio de los residenciales a los industriales?
Muchos de estos interrogantes deberían ser resueltos si pretendemos que este nuevo conflicto generado por el aumento, ahora suspendido, no perdure y se reavive en breve tiempo. El Gobierno tiene la palabra, pero los usuarios no se quedarán callados.
* Vicepresidente del MORENO. Ex Secretario de Combustibles de la Nación.
TARIFAS: NI JUSTAS NI RAZONABLES
Por Hugo Palamidessi¨*La suspensión transitoria del cobro de aumentos en las facturas de los consumidores residenciales de gas y luz, ha sido un triunfo de la movilización de usuarios y vecinos, respaldados por el Movimiento contra el Tarifazo. En él jugaron un papel determinante la Federación de Trabajadores de Energía (FeTERA), las asociaciones de defensa del consumidor -como Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), el Centro de Educación del Consumidor (CEC) y otras – e innumerables organizaciones gremiales y vecinales. También contribuyeron a hacer retroceder al tarifazo, una cantidad de pronunciamientos judiciales de amparo que, respondiendo a los recursos interpuestos por esas organizaciones y Defensores del Pueblo que, en determinadas jurisdicciones, obligaron a suspender el cobro y prohibieron el corte del suministro por falta de pago.
Claro que el retroceso ha sido ´táctico´: el gobierno se ha apresurado en argumentar que los aumentos desmedidos son el resultado de ´errores´ inducidos por mala información originada en las empresas, y que sólo se vería afectado por los aumentos un porcentaje pequeño de los consumidores. Y también se anunció que se confeccionarán nuevas facturas y que los cargos especiales -por el PUREE en las facturas de electricidad, y para financiar la importación de gas- serán subsidiados por el Estado (pero sólo en este bimestre un 100%, y en el de setiembre-octubre en un 70%, todo a un costo aproximado de 500 millones de pesos).
O sea que en octubre estaríamos nuevamente frente al tarifazo pleno. Y sería, en este sector de los servicios públicos, una nueva vuelta de tuerca en la política de preservar los intereses de las grandes empresas. Esto se refleja en que, en el conjunto de la economía, los subsidios anuales del Tesoro han crecido desde unos $3.300 millones hasta $31.000 millones, entre 2005 y 2008. El Gobierno Nacional –enfrentado a crecientes dificultades financieras este año– no quiere ya sostener los subsidios, y pretende ahora transferir de golpe a los consumidores de gas y luz parte de esa carga que, en el sector energético, creció de unos $1.900 millones (2005) hasta $16.000 millones (2008)
Desde los comienzos del proceso de privatización -con la sanción de los Marcos Regulatorios: leyes 24.076 (1992) para el gas, y 24.065 (1991) para la electricidad- las tarifas de esos servicios fueron arbitrariamente distorsionadas, característica que luego fue acentuada por los incumplimientos y violaciones de leyes y cláusulas de los contratos, con la anuencia de las autoridades nacionales .
Como el transporte y la distribución de gas por redes y de la electricidad se consagraron como “servicios públicos”, los marcos regulatorios –y las numerosas resoluciones que los complementan y modifican- fueron fijando las pautas y cuadros tarifarios En el caso del gas, se trasladan directamente a la tarifa los aumentos del precio del gas ´en boca de pozo´(originalmente fijado por ENARGAS, fue librado a la oferta y demanda a partir de 1994), a los que se suman los cargos por el transporte y la distribución. Para la electricidad, las tarifas resultan del precio mayorista desregulado que pagan las distribuidoras en el Mercado Eléctrico Mayorista, sumado al peaje por el transporte -en alta tensión y la distribución troncal- y a los costos de la distribución.
Antes del traspaso de las empresas estatales al capital privado, los valores tope que se establecieron para las tarifas fueron aumentados significativamente (en el caso gas, un 30% en promedio entre marzo de 1991 y enero de 1993). Los valores fijados al principio fueron luego reajustados periódicamente a través de renegociaciones contractuales, violando lo establecido por la Ley de Convertibilidad y tomando como índices precios de EEUU que, por entonces, experimentaban una inflación muy superior a la de Argentina (En el lapso 1995-2001, el Indice de Precios al consumidor fue de –1,1% en Argentina y del 18,4% en EEUU).
Al mismo tiempo la reglamentación vigente fijaba que dichos valores tope debían ser reajustados cada cinco años para trasladar –en beneficio del consumidor– los aumentos de productividad que experimentaran las empresas. Pero en la evaluación hecha en 1998 para las tarifas del gas (no se hizo entonces para la electricidad) se escatimó esa compensación, ya que el Enargas estimó el índice de productividad de las empresas distribuidoras, en el quinquenio 1993-1997, en un 0,9% anual aproximadamente, mientras que las tasas promedio de rentabilidad de las mismas eran del orden del 11%; para las transportistas el índice estimado fue del 5 al 6% anual, mientras la tasa de rentabilidad había sido cercana al 40%. Además las empresas se beneficiaban con deducciones a las contribuciones patronales, a la seguridad social, y con la supresión de diversos impuestos y aranceles.
Si los marcos regulatorios manifestaban querer establecer “razonabilidad tarifaria” y “riesgo empresario”, los resultados estaban a la vista: por un lado teníamos sectores empresariales cada vez más concentrados, rentabilidades ´garantizadas´ -muy superiores al promedio del resto de las empresas nacionales- prórroga de concesiones, condonación de multas por incumplimientos de inversiones. Por el otro, cuadros tarifarios regresivos –en los que las tarifas residenciales de bajo consumo eran mucho más altas que las de alto consumo y aumentaban más que las industriales– indexaciones ilegales, todo en pago de servicios de calidad cada vez más deficiente.
A fines de 2001, como consecuencia de la crisis y el cambio de gobierno, se dictó la Ley de Emergencia Económica y Reforma del Régimen Cambiario (Ley 25.561) que, además de terminar con la convertibilidad peso-dólar, estableció la derogación –con efecto a partir de abril
de 1991– del ajuste periódico de tarifas, en función de la inflación de EEUU o cualquier otro índice. La ley también sentó las bases para que se decretara, meses después, la realización de un proceso de renegociación de los contratos y la creación de una Comisión ad-hoc, y la autorización al Poder Ejecutivo para “...regular, transitoriamente, los precios de insumos, bienes y servicios críticos, a fin de proteger los derechos de los usuarios y consumidores...” (art.13).
La norma apuntaba a la recomposición tarifaria, teniendo en cuenta “ 1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas.” (art 9).
Pero en la realidad, el poder del lobby de las empresas concesionarias impulsó diversos mecanismos para conseguir retrasar y desvirtuar el proceso de renegociación, a la par que sus beneficios eran aumentados por fuera del marco legal original: prórrogas sucesivas del plazo otorgado a la Comisión de Renegociación (a través de varios decretos y de la ley 25.790); ´adecuaciones transitorias´ del régimen tarifario (en contra de la legislación vigente, a cuenta de las futuras renegociaciones y tomando como índices los precios internos, en una etapa de alta inflación), obstáculos a la operatoria negociadora (se creó la Uniren, ente específico para las renegociaciones pero se dificultó el accionar de las audiencias públicas que promovían la participación de los usuarios: su aporte fue ignorado, y finalmente se abandonaron).
Como ejemplo particular en el caso del gas y la electricidad, en abril de 2002, poco después que el Ministerio de Economía dictara una resolución estableciendo que ningún organismo estatal podía adoptar decisiones que afectaran los precios y tarifas de los servicios públicos, otra resolución del mismo ministerio exceptuó al ENRE y al ENARGAS de lo establecido en la anterior, permitiendo los ajustes estacionales de precios mayoristas de gas y la luz. Y pocos días después la Secretaría de Energía autorizaba un aumento de las tarifas eléctricas a las distribuidoras Edesur, Edenor y Edelap.
Ya a partir del año 2004, cuando ya se hizo inocultable la llegada de la crisis y se aceleró el deterioro de los servicios –llegaron pronto los cortes de luz y las restricciones en el uso de gas– el Gobierno congeló las tarifas residenciales, buscando la tranquilidad de los usuarios, pero siguió incrementando las tarifas industriales.
Durante todo este período la presión del lobby empresario –para aumentar las tarifas y recuperar las rentabilidades de la década de los ´90 –llegó a proferir amenazas (en algunos casos cumplidas): de declararse en quiebra algunas empresas; de abandonar la concesión; de incumplir (aun más!) las inversiones; de denunciar ante el CIADI incumplimientos por parte del Gobierno; de impulsar la intermediación –léase presión– de gobiernos extranjeros y de los organismos internacionales de crédito (FMI, Banco Mundial).
Estas son apenas algunas muestras –tomadas sólo alrededor de la evolución de los marcos tarifarios– del proceso de consolidación del poder del oligopolio de las grandes empresas extractoras de hidrocarburos y las prestadoras de los servicios públicos, de las cuales participan ahora –como socios o testaferros– capitalistas argentinos, funcionales para las estrategias de lobby.
La connivencia y las debilidades de todos los gobiernos que se sucedieron en las últimas dos décadas, allanaron el camino hacia la crisis actual, que se expresa en que: las empresas ya no quieren seguir si no recuperan los márgenes más amplios de utilidades de que gozaron en años anteriores, a su vez el Gobierno no puede sostener el nivel de subsidios con el que ha venido apuntalando este llamado “modelo”, y, ante todo, la mayoría de los ciudadanos-usuarios no queremos –ni podemos– asumir el pago de tarifas injustas e irrazonables para ayudar a resolver la controvertida situación.
¿Para qué evocar toda esta historia de maniobras de las grandes empresas y de las acciones de gobierno que han sostenido sus privilegios a costa del erario público? ¿La cuestión urgente no es impedir que sean los ciudadanos, especialmente los más pobres, quienes paguen la cuenta de la política subsidiadora? Sí, y el primer paso fue frenar el tarifazo, y si eso ya se logró transitoriamente con la suspensión de los recargos, evidentemente habrá que impedir que se repongan, el PUREE –que es un aumento encubierto, puesto que ya está comprobado que es ineficaz en promover el ahorro de energía– y el cargo para fondear la importación de gas, incluído inconstitucionalmente en las tarifas. Y si tenemos que discutir una adecuación de las tarifas –y tendrá que ser con la participación activa de los ciudadanos– la razón indica que para hacerlo responsablemente debemos conocer las cifras reales de los costos de producción de las empresas prestadoras, y de sus beneficios, y la justicia indica que las tarifas deben resultar accesibles a los usuarios pobres, o que sean ellos los que resulten debidamente subsidiados a través de una ‘tarifa social’.
Pero es necesario recapitular todas las irregularidades con las que se ha ido emparchando el modelo privatizador, que ha terminado por convertirse en un perverso aparato subsidiador de los capitales, sin ninguna de las ‘ventajas’ que una vez prometió el ”modelo”. Creemos que enfrentar esas medidas ilegales para revertirlas e impedir que se repitan o se reciclen, puede ser el mejor comienzo para llegar a reformular a fondo la estructura de los servicios públicos, y a recuperar el patrimonio nacional de los recursos energéticos.
* Director del InfoMORENO
1. C.Lozano – “El costo de los regímenes de promoción económica en la Argentina actual”. IDEF-CTA, 2009.
2. Las consideraciones sobre la evolución de las tarifas están basadas en Daniel Aspiazu- “Las Privatizaciones en la Argentina”- OSDE,CIEPP,Miño y Dávila edit. 2003, y en diversos trabajos publicados por ese autor y otros investigadores del Area de
Economía y Tecnología de FLACSO-Sede Argentina.
3. Al día de hoy la ley 24065 ha sufrido 256 modificaciones y la ley 24076, 419. (www.infoleg.gov.ar)
4. Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S. A. (CAMMESA), "Informe de Riesgos, de Mediano y Largo Plazo (2004/07)", Buenos Aires, enero de 2004. La administradora enumeraba las dificultades que ya enfrentaba el sector eléctrico, señalando su dependencia de la oferta de gas. Ver comentarios en InfoMORENO Nº 34, 24-02-2004.
SIETE PETROLERAS ENTRE LAS 10 PRIMERAS EMPRESAS GLOBALES
por Alfredo Jalife-Rahme*
La revista Fortune (20/7/09) publica anualmente la lista de las primeras 500 empresas globales según sus ingresos. Existen otras publicaciones anglosajonas que realizan taxonomías fundadas en otros rubros: ganancias, ventas y "capitalización de mercado" (el valor total de las acciones que cotizan en bolsa) y donde variarían significativamente los rankings de las empresas estatales que no cotizan en la bolsa neoliberal global como Pemex.
Los ´ingresos´ de las empresas, clasificados por Fortune, corresponden a 2008 y deslumbra el posicionamiento de siete petroleras que se ubican entre las 10 primeras empresas globales, amén de que entre las cinco principales cuatro sean también petroleras, lo cual denota la relevancia geoestratégica de los hidrocarburos en la coyuntura presente del fin de la unipolaridad anglosajona y del inicio del incipiente nuevo orden mundial multipolar, donde el BRIC (Brasil, Rusia, India y China) está destinado a jugar un papel relevante en la geoeconomía, ya no se diga las potencias petroleras del Golfo Pérsico, en detrimento del G-7.
Las 10 primeras por ingresos (las ganancias se adjuntan entre paréntesis):
1) Royal Dutch Shell (petrolera anglo-holandesa): ingresos 458 mil 361 millones de dólares (ganancias 26 mil 277 mdd);
2) Exxon Mobil (petrolera de Estados Unidos): 442 mil 851 mdd (45 mil 220 mdd);
3) Wal-Mart (Estados Unidos): 405 mil 607 mdd (13 mil 400 mdd);
4) BP (petrolera británica): 367 mil 53 mdd (21 mil 157 mdd);
5) Chevron (petrolera estadunidense): 263 mil 159 mdd (23 mil 931 mdd);
6) Total (petrolera francesa): 234 mil 674 mdd (15 mil 500 mdd)
7) ConocoPhillips (petrolera de Estados Unidos): 230 mil 764 mdd (pérdidas por 16 mil 998 mdd);
8) ING Group (Holanda): 226 mil 577 mdd (pérdidas por mil 67 mdd);
9) Sinopec (petrolera china): 207 mil 814 mdd (mil 961 mdd);
y 10) Toyota Motors (Japón): 204 mil 352 mdd (pérdidas por 4 mil 349 mdd).
Llama la atención el comportamiento de dos trasnacionales petroleras privadas de Estados Unidos, entre las 10 primeras: Exxon Mobil reporta las mayores ganancias de las 500 empresas globales con 45 mil 220 mdd, mientras ConocoPhillips arroja anómalamente
pérdidas (como la paraestatal Pemex). De las siete petroleras, cinco son anglosajonas, una francesa y una china (la cual acaba de irrumpir significativamente en el mundo comercial y bursátil global dominado todavía por Wall Street y la City).
Parodiando a Enrico Mattei, el visionario petrolero italiano presuntamente asesinado por la CIA, quien acuñó el término de las otrora "siete hermanas" anglosajonas quienes dominaron el mundo del oro negro durante la guerra fría (plasmado por el célebre libro del británico Anthony Sampson) –lo cual expresa una correlación subjetiva entre la anatomía y fisiología de las empresas con el vigente orden geopolítico mundial–, dejaron de ser en su totalidad anglosajonas y hoy entre las siete principales petroleras, en términos de ingresos, se cuenta con la irrupción en el noveno sitial de una petrolera estatal china, Sinopec: la controladora de Petrochina, la mayor empresa del mundo en términos de "capitalización de mercado".
Según la taxonomía del Financial Times (30/6/09), en términos de "capitalización de mercado" (ver Bajo la Lupa, 26/8/09), amén de que entre las 10 primeras, cuatro sean estatales de China, se ubican cuatro petroleras: primer lugar, la estatal petrolera Petrochina, con un valor bursátil de 366 mil 662 mdd; segundo lugar, la petrolera trasnacional de Estados Unidos Exxon Mobil (341 mil 140 mdd); en el sorprendente octavo lugar, la brasileña estatal (más correctamente "mixta", con control estatal) Petrobras (165 mil 56 mdd), y en décimo lugar la anglo-holandesa
Royal Dutch Shell (156 mil 286 mdd).
Se desprende que en términos de "capitalización de mercado", que anticipa dinámicamente mejor las tendencias del futuro de las empresas que el corte de caja estático de los ingresos presentes, entre las cuatro principales petroleras mundiales dos pertenecen al BRIC (las "estatales" Petrochina y Petrobras, primero y octavo lugares, respectivamente) y dos son todavía anglosajonas (Exxon Mobil y Royal Dutch Shell, respectivamente segundo y décimo lugares), lo cual delata la genuina hibridación del sector entre las estatales poderosas que emergen (provenientes del BRIC y de los países petroleros del Golfo Pérsico) y las trasnacionales privadas anglosajonas, que se desvanecen en el horizonte geopolítico multipolar.
Más allá de los impactantes primeros 10 lugares globales, donde los "ingresos" de siete petroleras reinan majestuosamente, resulta didáctico explorar los restantes 100 primeros lugares y el ranking que ocupan otras petroleras (como la venezolana PVDSA, Pemex y la brasileña Petrobrás.
Ranking
13, China National Petroleum: ingresos 181 mil 122 mdd (ganancias 10 mil 271 mdd);
17) ENI (Italia): 159 mil 348 mdd (12 mil 917 mdd);
22) Gazprom (Rusia): 141 mil 455 mdd (29 mil 864 mdd);
27) PVDSA (Venezuela): 126 mil 364 mdd (7 mil 451 mdd);
31) Pemex: 119 mil 235 mdd (pérdidas 10 mil 56 mdd);
33) Valero Energy (Estados Unidos): 118 mil 298 mdd (pérdidas mil 131 mdd);
34) Petrobras (Brasil): 118 mil 257 mdd (18 mil 879 mdd);
36) StatoilHydro (Noruega): 116 mil 211 mdd (7 mil 664 mdd);
65) Lukoil (Rusia): 86 mil 340 mdd (9 mil 144 mdd);
72 SK Holdings (Corea del Sur): 80 mil 810 mdd (259 mdd);
76) Repsol YPF: 79 mil 176 mdd (3 mil 968 mdd);
80) Petronas (Malasia): 76 mil 965 mdd (15 mil 309 mdd);
y 86) Marathon Oil (Estados Unidos): 73 mil 504 mdd (3 mil 528 mdd);
Si entre las 10 primeras aparecen fulgurantemente siete empresas petroleras, luego, a partir del undécimo lugar hasta el 80 se diluyen notablemente con únicamente 13 empresas dignas de ser mencionadas y entre quienes descuellan en los primeros 36 lugares una china, una italiana, una rusa, una italiana, una noruega, una estadounidense y tres latinoamericanas (la venezolana PVDSA, Pemex y la brasileña Petrobras).
Impresiona la mediocridad de la española Repsol YPF (a punto de vender su filial argentina a China), en el lugar 76, pese a todas las gratificaciones que recibió de la dupla panista de Fox y Calderón.
Lo más interesante radica en que Pemex, pese a su pésimo manejo en la cataclísmica etapa neoliberal, se conserve entre PVDSA y Petrobras prácticamente en empate técnico, aunque pierda aberrantemente dinero y se encuentre entre las tres únicas petroleras de los 100 primeros lugares (junto a ConocoPhillips y Valero Energy) en ostentar pérdidas, por diferentes motivos: las dos de Estados Unidos por el declive privatizador frente al ascenso de las empresas estatales, mientras que Pemex sufre la parasitaria hipoteca de la Secretaría de Hacienda, según los cánones y cañones de la depredadora teología neoliberal.
Más allá de la taxonomía interesada de Fortune que coloca a siete petroleras entre las 10 primeras empresas globales, hagan las piruetas estadísticas que fueren, las verdaderas "nuevas (sic) siete hermanas" del oro negro (¡todas estatales!), según Carola Hoyos (The Financial Times, 11/3/07), pertenecen hoy, ya no se diga en el futuro, a Aramco (Arabia Saudita), Gazprom (Rusia), CNPC (China), NIOC (Irán), PVDSA (Venezuela), Petrobras (Brasil) y Petronas (Malasia). Y aquí sí duele que no aparezca Pemex.
*Publicado por “La Jornada”, México- agosto 2009
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